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En la calle se defiende la salud pública PDF Imprimir Correo
Escrito por Mónica Carinchi   
Sábado, 19 de Agosto de 2017 21:21

Contra la Cobertura Universal de Salud (CUS). El ejecutivo nacional pretende implementar un carnet de salud para prestaciones mínimas y básicas para todos aquellos argentinos que no tengan obra social. Deberán demostrar que son pobres ante un juzgado de paz. Los trabajadores del Hospital Provincial de San Fernando informaron que ya se intentó hacer algo similar en la década del 90. Sigue crítica la situación del servicio de pediatría; además falta personal de limpieza.

 

En la República Argentina, la protección a la salud es un corolario del propio derecho a la vida y a la integridad física de la persona humana reconocido en la Constitución Nacional así como en los Tratados Internacionales incorporados en el art. 75, inc. 22 que tienen, por lo tanto, jerarquía constitucional. Dicho sencillamente, todo ciudadano argentino – incluso aquellos que no lo son, pero habitan en nuestro país - saben que pueden ir a un hospital público donde serán atendidos gratuitamente, sin necesidad de presentar ningún certificado que los acredite como carentes de alguna cobertura de salud. Defendiendo, entonces, el derecho a la salud y a las prácticas ya existentes, los trabajadores del Hospital Provincial de San Fernando salieron a la calle para informar a la población sobre la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), anunciada en agosto de 2016 por el actual presidente.

“Nosotros le recordamos al presidente que, desde la Constitución, está garantizado el servicio de salud público y gratuito para todo aquel que pisa el suelo argentino. La población debe estar atenta porque se pretende que aquel que no tiene obra social, porque está en negro, porque hace changas, porque vive como puede, deberá tramitar ante un juzgado de paz un carnet de pobreza. Se calcula que se llegará a 15 millones de habitantes. Si la persona no tiene el carnet de pobreza, no lo atenderán gratuitamente en el hospital, ya que deberá pagar consultas, radiografías, análisis. Todo esto es actualmente gratuito. Es decir que se dejará más desprotegidos a los más vulnerables”, explicó Laura Barrera, secretaria gremial de ATE San Fernando.

Si bien la CUS fue presentada en agosto de 2016, su implementación se producirá después de las elecciones de octubre, aunque “ya hay provincias que la han aceptado por presiones políticas. Obviamente han sido las provincias más pobres”. Barrera también recordó que una política similar intentó implementarse en la década del 90, pero no prosperó gracias a las presiones de los trabajadores.

Ejemplo de sistemas similares ya existen en Perú, México, Colombia, USA. Se sabe sobre las deficiencias de los servicios de salud en la mayoría de los países de América Latina. En cuanto a USA, la salud es pública, pero no gratuita, es decir que la salud no es un derecho, sino un negocio. Esta fue una de las mayores dificultades que tuvo que afrontar Barak Obama que, sin solucionar plenamente el problema, logró incorporar a más de 20 millones de ciudadanos dentro de la ley de Cuidado de Salud Asequible. Por supuesto, cuando llegó trump al poder, una de sus primeras acciones fue terminar con esa ley; no pudo hacerlo, pues ni siquiera los republicanos lo apoyaron.

“Con este carnet de pobreza”, señaló Laura, “estamos retrocediendo 70 años en derechos. La CUS tendrá una canasta acotada de servicios, o sea que no cubrirá todas las prestaciones. Desde luego, alta complejidad no está cubierta. Estarán cubiertas prestaciones mínimas y después si no tenés plata para pagar, estás condenada a morirte”.

 

Un pediatra, por favor!

En el 2016, los trabajadores del Hospital Provincial de San Fernando salieron a la calle en defensa del servicio de pediatría, ya que la gobernadora Vidal quería cerrarlo.

“Logramos que no se cerrara, pero no logramos que nombren más personal, aunque la ministra de salud hizo un montón de promesas. Ahora hay guardias de pediatría que están sin médicos”, expresó Mirta Fábregas, una enfermera del servicio de pediatría que el año pasado marchó con todos sus compañeros en defensa de la salud de los niños. “Van cerrando especialidades y desmantelando el hospital, entonces el paso que sigue es decir que el hospital público no sirve”.

La trabajadora informó que “en pediatría hay un solo médico de guardia; en la sala no hay médico de 14.00 a 08.00 de la mañana del día siguiente. Si hay una emergencia, hay que llamar al médico de guardia. Necesitamos más médicos, las guardias están ataditas con alambre, si un médico se enferma, estamos en problemas”. El hospital Cordero tenía 18 camas para pediatría, actualmente tiene 10. “Hay pacientes que quedan en la guardia esperando que se liberen las camas”. ¿No eran los niños una prioridad de la actual gobernadora?

Las trabajadoras denunciaron que no sólo faltan profesionales, también falta personal de limpieza. “Estamos con un plantel de 22 personas para cubrir todas las necesidades del hospital. Desde el año pasado estamos pidiendo que nombren gente para limpieza porque 22 personas repartidas en 3 turnos no pueden limpiar todo el hospital. Mínimamente se necesitan 25 personas más”, dijo Laura Barrera.

Cerrando la entrevista, una de las personas que pasaba por la calle expresó: “El derecho a la salud es otro de los derechos que nos quieren arrebatar”.


En relación a la CUS, el ministro de salud de la nación, Jorge Lemus, declaró al diario Perfil en agosto de 2016: “Va a ir acompañado con un decreto que vamos a sacar en pocos días más donde se pone en marcha un Plan Nacional de Calidad para que esté controlada la calidad de atención. No hay equidad sin calidad. Si no, yo le doy acceso a todo el mundo pero a algunos de una calidad y a otros de otra. Y no estoy hablando sólo del sistema público, sino también de obras sociales y prepagas. Vamos a controlar esa calidad y esto va a ser junto a la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, un organismo independiente que va a decidir si los nuevos medicamentos, aparatos y procedimientos médicos tienen base científica para usarlos, cómo y cuándo hacerlo. Esto va a hacer más eficiente el gasto y va a evitar la judicialización”. Hay que avisarle al ministro Lemus que ya existe la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que se dedica justamente a controlar; en 2011 fue distinguida por la Organización Panamericana de la Salud como Autoridad Reguladora de Referencia Regional para Medicamentos. En el mismo diario se informa que, a partir de la CUS, se les hará a los pacientes una ficha médica personal y una historia clínica, ¿cómo? ¿actualmente los pacientes no tienen historia clínica en los hospitales? Suena raro, no?