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Inmigración y racismo PDF Imprimir Correo
Escrito por sacerdotes de zonas de emergencias y de barrios obreros de CABA y Gran Buenos Aires   
Viernes, 10 de Marzo de 2017 14:09

Mensaje de los sacerdotes de zonas de emergencias y de barrios obreros de CABA y Gran Buenos Aires

En un contexto internacional donde hay un creciente deseo de levantar muros en lugar de tender puentes entre los pueblos, en un escenario local de declaraciones racistas y xenófobas de gran parte del arco político, replicadas hasta el hartazgo por los medios masivos de comunicación, surge un decreto de necesidad y urgencia que endurece las leyes de migración y de ciudadanía, salteando la discusión legislativa, espacio apropiado para el tratamiento de un tema tan delicado.

Los sacerdotes que vivimos en las villas, barriadas y asentamientos de GBA y CABA (Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) estamos muy preocupados por las consecuencias discriminatorias de la medida implementada desde el gobierno nacional, y por su consecuente incentivación del racismo y la xenofobia en nuestro pueblo.

Rechazamos la estigmatización del migrante, identificándolo con el delito, responsabilizándolo del problema de la droga, la inseguridad y de todos los aspectos negativos de la sociedad. El problema no es la inmigración, el problema es el delito.

Advierte el Papa Francisco que “ningún pueblo es criminal o narcotraficante o violento. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión” (1).

¿Cómo llamar “igualdad de oportunidades” a una medida que deporta a un extranjero sin condena, por el hecho de ser acusado de resistir a la autoridad, vender en la vía pública, ejercer la prostitución o ser protagonista de un accidente automovilístico grave? Entendemos que aunque el objetivo de la norma fuera el de dar celeridad a la deportación de narcotraficantes y delincuentes, en la práctica la medida lleva a una persecución de todos los inmigrantes, que ya no podrán ni sonreír delante de un policía por miedo a ser deportados.

¿Cómo hablar de “igualdad de oportunidades” cuando como sociedad escuchamos a diario el llanto de las niñas y niños, hijos de los migrantes, que en las escuelas sufren la discriminación y la violencia cotidiana; cuando vemos el modo en que muchos migrantes son explotados a causa de su situación aceptando trabajos indignos?

Como sacerdotes católicos afirmamos que los posicionamientos discriminatorios son profundamente anticristianos.

Como vecinos de las villas, barriadas y asentamientos en que vivimos somos testigos diarios del sufrimiento causado por la xenofobia y el racismo. Estamos convencidos de que la explotación que a menudo sufren los migrantes es causada por los muros invisibles de la discriminación, que nos separan de ellos como de los otros, insensibilizándonos e instalándonos en la defensa imaginaria de un miedo que sólo se justifica en el prejuicio.

La Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal publicó en 2016 el “Sistema Nacional de Estadística sobre ejecución de la Pena” (SNEEP) 2015. En el informe se indica que solo el 6% de los privados de su libertad son extranjeros. Es casi la misma proporción que la de extranjeros en la población general. Es decir, de los casi 2.000.000 de extranjeros que habitan nuestra patria, solo el 0,2 están privados de su libertad. ¿De dónde nace entonces la identificación del inmigrante con el delito? ¿Cuál era la urgencia que instaló el tema en la agenda política y mediática?

Vemos en este momento el inmenso riesgo de profundizar la fragmentación de nuestra patria, aniquilando nuestro sueño nacional de pueblo, y dejándonos con los horizontes fragmentados de grupos divididos y autorreferenciales. Esperamos que nuestros dirigentes, del espacio político que sean, nos ayuden a mirar más lejos, a vislumbrar el horizonte de Nación que como pueblo nos merecemos, superando la búsqueda cortoplacista del impacto mediático y el rédito político.

Entendemos el dolor y la impotencia de quienes sufrieron algún hecho de inseguridad, pero queremos afirmar que una cosa es ser delincuente y otra muy distinta es ser inmigrante, y que la relación entre ambas situaciones solo se origina en posicionamientos públicos, políticos y mediáticos nacionales e internacionales que calan hondo en el pueblo, conduciéndolo a la división y el racismo.

Estamos convencidos de que debemos recibir a los migrantes como recibiríamos al mismo Jesús. Que en lugar de los posicionamientos discriminatorios, xenófobos y racistas, nuestro pueblo tiene reservas morales que nos invitan a la solidaridad y a la hospitalidad. Por eso preferimos una legislación que no se enfoque tanto en castigos sino en tratar de dirigir todo el potencial de los migrantes para el bien común de nuestra Nación.

Creemos necesario señalar que los narcotraficantes, los delincuentes de la trata de personas, los terroristas y criminales, no ingresan por los controles migratorios. La droga no ingresa por los controles oficiales, y si lo hace, es con la complicidad de funcionarios que lo permiten. El endurecimiento de las medidas migratorias no es contra los delincuentes, sino contra la familia trabajadora.